Condenan a once personas por blanqueo de capitales en caso del PAN

Sentencia histórica en Panamá contra red de corrupción

La investigación, iniciada el 13 de noviembre de 2014, reveló la existencia de una organización criminal dedicada a la creación de sociedades mercantiles utilizadas para canalizar fondos ilícitos en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Sentencia contra los implicados

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió una sentencia condenatoria contra 11 personas vinculadas a esta red de blanqueo de capitales. Dos ciudadanos recibieron la pena más severa, con 13 años y cuatro meses de prisión, tras ser declarados culpables de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Otros tres implicados fueron sentenciados a ocho años y cuatro meses de prisión, mientras que seis personas más cumplirán seis años y ocho meses de prisión por el mismo delito.

Además de las penas de prisión, todos los sentenciados enfrentarán la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período igual al de su condena principal, una vez cumplida esta.

Levantamiento de medidas cautelares

La jueza a cargo del caso ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas durante la etapa de instrucción, permitiendo la ejecución de las penas impuestas a los condenados. Esta decisión marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en Panamá.

Un caso emblemático de corrupción

Este fallo refuerza los esfuerzos de las autoridades panameñas para combatir las redes criminales que operan en el país mediante el uso de estructuras empresariales ficticias. La sentencia subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión financiera para prevenir futuros casos de corrupción.

El caso del PAN ha sido un ejemplo claro de cómo la corrupción afecta directamente a programas destinados al bienestar social. Con esta sentencia, se busca enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de erradicar estas prácticas y reforzar la confianza en las instituciones públicas.