PTEE: La Lucha Anticorrupción como Pilar de la Prevención del Lavado de Activos

El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento en la Integración de la Ética Empresarial

En el complejo entramado de la prevención del crimen financiero, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) emerge como un componente vital en Colombia. Si bien su enfoque principal es el autocontrol y la gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional (C/ST), su relación con la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) es intrínseca y fundamental. Para el oficial de cumplimiento, integrar el PTEE en la estrategia general de cumplimiento es esencial para atacar los delitos fuente y fortalecer la integridad empresarial. 

El PTEE está establecido por la Superintendencia de Sociedades a través de la Circular Externa N° 100-000011 de 2021, que modifica la Circular Básica Jurídica de 2017, y se basa en la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y el Decreto 1736 de 2020 . Su objetivo principal es promover herramientas eficaces de gobierno corporativo para prevenir y controlar estos riesgos. 

La conexión del PTEE con la prevención del LA/FT es directa: la corrupción y el soborno son reconocidos universalmente como delitos fuente del lavado de activos . Al combatir la corrupción, se ataca una de las principales fuentes de fondos ilícitos, lo que convierte al PTEE en un componente integral y complementario de la estrategia ALA/CFT . La UIAF, en su visión, ha ampliado su alcance para incluir "la corrupción y los delitos ambientales" junto con LA/FT/FP, reforzando esta perspectiva holística. 

Las entidades obligadas a implementar un PTEE son las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que cumplan con ciertos umbrales de ingresos/activos y/o hayan celebrado contratos con entidades estatales o realizado negocios internacionales. Por ejemplo, sociedades con ingresos o activos iguales o superiores a 30.000 SMMLV que realicen negocios internacionales o contratos con entidades estatales por más de 500 SMMLV están obligadas. Los plazos de adopción del programa son hasta el 31 de mayo del año siguiente al cumplimiento de los criterios de obligatoriedad. 

Los elementos clave del PTEE incluyen procedimientos para identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos C/ST. Esto abarca: 

• Diseño y aprobación: Basado en una matriz de riesgos C/ST. 
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• Auditoría y cumplimiento: A cargo del oficial de cumplimiento. 
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• Divulgación y capacitación: Para todo el personal. 
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• Canales de denuncia: Mecanismos seguros y confidenciales para reportar conductas irregulares. 
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• Debida diligencia: Procedimientos específicos para estos riesgos, cuyo alcance varía según la complejidad de los contratos y las partes involucradas. 
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La convergencia de la lucha contra el lavado de activos y la anticorrupción representa un enfoque estratégico integral para la protección de la economía. El PTEE, al enfocarse en los riesgos de corrupción y soborno transnacional , ataca directamente los "delitos fuente" para el lavado de activos . Esta integración demuestra un cambio estratégico claro en el marco regulatorio colombiano hacia un enfoque más holístico, donde la lucha contra la corrupción y el soborno no es una iniciativa separada, sino un componente fundamental e integral de la estrategia general de ALA/CFT. 

Para el oficial de cumplimiento, esto implica la necesidad de programas de cumplimiento que aborden tanto los riesgos de LA/FT como los de corrupción de manera unificada, fomentando una cultura ética más sólida dentro del entorno empresarial . La efectividad de este enfoque integrado exige una mayor coordinación e intercambio de información entre los diferentes organismos reguladores (como la Superintendencia de Sociedades y la UIAF) y las agencias de aplicación de la ley. El oficial de cumplimiento se convierte así en un promotor de la transparencia y la ética, no solo por obligación, sino como un pilar fundamental para la sostenibilidad y reputación de la empresa.

Combatir la corrupción desde la raíz es el primer paso para desmantelar las redes de lavado de activos, una misión que el oficial de cumplimiento abraza con ética y determinación.